FAI reclama un plan estatal para la protección del mercado del alquiler tras la crisis sanitaria

La Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias lanza una batería de propuestas entre las que destacan la bonificación del 10% en el impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales para compras de viviendas destinadas al alquiler, una línea de ayuda mediante créditos ICO para la rehabilitación de viviendas destinadas a este uso o una oficina autonómica de resolución extrajudicial de conflictos

Madrid ,6 de julio de 2020.- La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) reclama al Gobierno un plan Integral para regular el mercado del alquiler y última un documento de propuestasque presentará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para potenciar la oferta y el sostenimiento de los alquileres de viviendas y locales de negocio y proteger tanto arrendadores como a arrendatarios.

Desde, el colectivo, aseguran que el 50% de la actividad de las agencias inmobiliarias desde su reapertura gradual, y dependiendo de zonas, el pasado día 4 de mayo, se está centrando principalmente en la gestión de demanda de alquiler. Sin embargo, poniendo el acento en el alquiler de vivienda habitual, aseguran que el problema fundamental, que dificulta y encarece el mercado sigue siendo la escasez de oferta destinada a esta modalidad en las principales ciudades y centros productivos. Principalmente, explican, porque las políticas aplicadas, hasta el momento, “se han mostrado ineficaces para el equilibrio de la oferta y demanda y el reajuste de los precios”. No obstante, “esas políticas no han frenado un crecimiento poco sostenible de los precios que, en determinadas plazas, han alcanzado incrementos de dos dígitos desde 2018”.

En este contexto, y ante el aumento de la demanda postcovid y la actual situación económica, que deja en una situación de vulnerabilidad a muchas familias, FAI considera imprescindible que se adopten “medidas eficaces que pongan fin a la  incertidumbre y la inseguridad creada en el mercado del alquiler de vivienda habitual, especialmente tras la aprobación del Decreto Ley de Reforma del Mercado de Alquiler, de 2019, y más allá del recientemente presentado índice de precios por parte del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. 

BATERÍA DE PROPUESTAS PARA REGULAR EL MERCADO DEL ALQUILER

Algunas de las propuestas de FAI pasan por la bonificación fiscal para arrendadores de vivienda habitual, tanto en el impuesto de IBI (del 50%) como en el IRPF (hasta el 100%), siempre que la renta mensual esté dentro de los parámetros de un índice de precios por metros cuadrados que debería publicarse en todos los municipios de al menos 5.000 habitantes.

Asimismo, el documento de propuestas también incluye, como incentivo a la incorporación de nueva oferta, la bonificación del 10% en el impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales, ITPAJD, para compras de viviendas destinadas al alquiler, así como la creación de una línea de ayuda mediante créditos ICO para la rehabilitación de viviendas que sean destinadas al alquiler de vivienda habitual, por un período mínimo de 5 años.

Por otra parte, y para atraer al mercado del alquiler a propietarios que no quieren asumir la gestión del arrendamiento, FAI propone la creación de un sistema público, mediante gestión privada, que se encargue de administrar vivienda privada cedida en arrendamiento durante al menos 5 años, garantizando el mantenimiento y el cobro de la renta al propietario y siempre que ésta no exceda el valor máximo según el módulo de vivienda de protección pública (VPP) en su zona de influencia.

Otra de las medidas es articular un plan de ayudas económicas estatales directas que puedan dirigirse tanto a inquilinos como a propietarios, gestionadas por las comunidades autónomas y con dotación económica suficiente para cubrir la demanda, Remarcan, siempre según el nivel de ingresos y la situación de vulnerabilidad de ambas partes (arrendador y arrendatario), y que los contratos de alquiler hayan sido visados por la comunidad autónoma en el correspondiente registro público.

Por último, y ante una situación económica compleja y la habitual saturación de los juzgados, FAI sugiere la puesta en marcha de una oficina autonómica de resolución extrajudicial de conflictos, mediante mediación y arbitraje gratuito. Una oficina, explican, que debería estar vinculada a los preceptivos depósitos de fianza, que contribuya a que afloren los alquileres no declarados, y que esté en disposición de emitir sentencia firme, mediante laudo arbitral, en menos de 45 días.

Desde el colectivo, insisten en que, tal y como denunció y alertó FAI en su día, la nueva normativa de alquiler de vivienda, que establece modificaciones para limitar las garantías exigibles, así como alarga el período del alquiler y vincula las subidas al IPC, sin incluir medidas favorables a los arrendadores, ha desembocado en una reducción de la oferta, convirtiéndola a su vez en más selectiva. Además, subrayan, ha provocado el efecto contrario al perseguido: “expulsar del mercado de alquiler a los inquilinos menos solventes ante el temor y la falta de protección de los pequeños arrendadores, de los que parte de sus ingresos mensuales dependen de las rentas de alquiler”.

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