FAI advierte que la fiscalidad desproporcionada en la compraventa de viviendas frena el acceso de los jóvenes a la vivienda y contribuye a la subida del alquiler

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) se muestra contraria a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los compradores a abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

  

Valencia, 12 de Marzo 2018. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que agrupa a más de 700 agencias y 3000 profesionales de toda España, considera del todo desproporcionada y perjudicial para el consumidor la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la persona prestataria (compradora) a hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y que –unido al pago de otros impuestos ineludibles- puede llegar a suponer en algunos casos hasta un 30% del valor del inmueble. FAI, comprometida con defender los intereses de los clientes y usuarios de un mercado inmobiliario transparente y una profesión ética, advierte de los riesgos que puede acarrear esta fiscalidad desproporcionada, especialmente para el colectivo de compradores más jóvenes, considerándolo uno de los más perjudicados, a pesar de las nuevas medidas previstas por el nuevo Plan de la Vivienda 2018-2021. Estas trabas al acceso de la vivienda, unidas al descenso de propiedades en venta, pueden generar como consecuencia, además, que se mantenga la tendencia alcista de los precios del alquiler, que ya están alcanzando precios insostenibles en algunas ciudades, como Madrid o Barcelona. Finalmente, este nuevo marco fiscal también puederepercutir negativamente en miles de empresas de servicios adyacentes al sector inmobiliario.

 

Desde el respeto a las decisiones judiciales, la presidenta de FAI, Nora García, muestra los motivos de su disconformidad a la sentencia del Supremo: “en particular, en el mercado de compraventa de segunda mano, si sumamos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) -un impuesto recurrente que se repite en cada transmisión-, la minuta notarial, los elevados aranceles del Registro de la Propiedad y, cuando la vivienda se hipoteca, de nuevo los gastos notariales y registrales y el IAJD; además de la correspondiente Plusvalía Municipal y, finalmente, el IRPF, estamos hablando de que, entre las distintos organismos públicos, están recaudando en ocasiones más de un 30% del valor del inmueble”.

 

En este sentido, la Presidenta de FAI considera  que “no es aceptable que se penalice de esta forma a los ciudadanos para autofinanciar Administraciones Públicas, gravando injustificadamente las transmisiones, en especial de viviendas, sobre todo cuando se trata de precios moderados y viviendas habituales, sin componentes especulativos”. Al mismo tiempo, quiere hacer una llamada de atención ya que el inventario de viviendas de segunda mano está descendiendo muy rápidamente, los precios del alquiler se han disparado, siguen subiendo y la obra nueva no es capaz de asumir la demanda creciente de vivienda. “En cualquier caso, la solución para financiar a la Administración, no puede seguir siendo la de incrementar la carga fiscal a los ciudadanos en la compraventa de algo tan esencial como la primera residencia”, apunta Nora García. Finalmente, FAI quiere advertir también de los daños colaterales para miles de empresas de servicios relacionadas con el sector inmobiliario, como aquellas dedicadas a mudanzas, reformas, decoración, mobiliario, o asesoramiento, por ejemplo.

 

La Presidenta de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) reclama una actuación urgente por parte de la Administración para frenar una situación que se antoja grave a largo plazo. “La fiscalidad de los bienes inmuebles debería considerar los principios proporcionalidad y progresividad, sobre todo en el caso de viviendas habituales de los ciudadanos. La vivienda es un derecho fundamental, pero las personas más jóvenes cada vez tienen más difícil comprar o alquilar una vivienda para emanciparse. Desde FAI, nos ponemos a a disposición de las distintas Administraciones para aportar nuestra experiencia inmobiliaria y conseguir unos impuestos que permitan dinamizar la compraventa de primeras residencias, hay que actuar ahora, no cuando ya tengamos un problema grave”, señala la presidenta de FAI.

 

 Un ejemplo para evidenciar la situación

 

Para evidenciar la situación, FAI pone el siguiente ejemplo: en una transmisión con hipoteca de una vivienda de 100.000€ se pueden llegan a devengar hasta 10.000€ por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), en el caso de algunas comunidades autónomas. A esta cantidad, hay que sumar 1.200€ por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD); unos 1.500€ por minutas notariales (otorgamiento de escrituras de compraventa e hipoteca): además de  1.200€ por aranceles del Registrador de la Propiedad (por inscribir los derechos del comprador y la hipoteca); y, en casos de viviendas de más de 20 años, hasta 20.000€ de Impuesto de Plusvalía Municipal, en función del valor del suelo. Todo ello sin contar con que la parte vendedora pueda devengar por ganancia patrimonial la correspondiente cuota de IRPF, que empieza a partir del 21% sobre la ganancia. En este punto, FAI quiere recordar que se suprimieron, hace 4 años, los coeficientes de actualización que moderaban en parte la ganancia.

 

 

Acerca de FAI

 

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias en Colaboración fue constituida en marzo de 2013 y está hoy integrada por un total de 20 asociaciones inmobiliarias de ámbito autonómico o local, agrupando a más de 700 Agencias Inmobiliarias y 3.000 profesionales, que ponen en común su compromiso de colaborar entre ellos en beneficio de sus clientes. En FAI están integradas la mayor parte de las Agencias de Andalucía, Cantabria, Valencia, Asturias, Extremadura y Baleares, siendo la Federación profesional con mayor peso.

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